Las infraestructuras que utilizamos a diario —carreteras, puentes, presas, redes de transporte o sistemas de drenaje— fueron diseñadas, en muchos casos, con base en condiciones climáticas que hoy están cambiando.
La mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como las inundaciones, las olas de calor o las tormentas, plantean nuevos desafíos para la ingeniería y obligan a replantear cómo se proyectan, se mantienen y se adaptan estas obras.
Aquí os dejo una entrevista que me hicieron al respecto. Abordamos, de forma clara y accesible, las principales cuestiones que plantea el cambio climático para el diseño y la gestión de las infraestructuras, desde la evolución de los criterios de cálculo hasta la resiliencia de las obras existentes, tomando como referencia casos recientes como la DANA de Valencia.
El diseño de infraestructuras se basa en datos climáticos históricos. ¿Cómo afecta el cambio climático a esta metodología?
Tradicionalmente, la ingeniería ha operado bajo el principio de «estacionariedad», una premisa científica que asume que las variables climáticas —como la intensidad de las lluvias o el nivel de los ríos— fluctúan dentro de márgenes constantes y predecibles a partir del pasado. Bajo este modelo, los registros históricos de las últimas décadas servían como guía fiable para calcular la resistencia necesaria de puentes, presas o sistemas de drenaje. Sin embargo, la evidencia científica actual, respaldada por organismos como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), confirma que esta dinámica se ha alterado, por lo que los patrones del pasado ya no reflejan con exactitud lo que cabe esperar en el futuro. Esto no significa que los datos históricos hayan perdido su valor, sino que ya no son suficientes por sí solos; hoy en día, la ingeniería evoluciona para integrar esos registros con modelos avanzados de proyección climática. El objetivo de esta transición metodológica es pasar de un diseño basado en la estabilidad estadística a uno basado en la resiliencia y la gestión de la incertidumbre, asegurando que nuestras infraestructuras no solo soporten las cargas históricas conocidas, sino que también estén preparadas para la nueva frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, garantizando así la seguridad pública y la durabilidad de las obras a largo plazo.
En general, ¿qué impacto tiene el cambio climático en las infraestructuras existentes? Pienso, por ejemplo, en la mayor frecuencia de tormentas y huracanes, lluvias intensas, vientos, olas de calor y cambios bruscos de temperatura.
Las infraestructuras actuales se enfrentan a un desafío de vulnerabilidad sistémica, ya que fueron proyectadas con umbrales de diseño basados en estadísticas climáticas que hoy están siendo superadas por la realidad meteorológica. El impacto del cambio climático en estas estructuras no se manifiesta únicamente a través de eventos extremos súbitos, sino también mediante un estrés físico continuo sobre materiales como el acero, el hormigón o el asfalto, que sufren procesos de dilatación térmica intensa o de erosión acelerada, lo que somete a los elementos estructurales a un desgaste mayor del previsto y acorta su vida útil operativa. Cuando la capacidad de los sistemas de drenaje es sobrepasada por regímenes de lluvia de una intensidad para la que no fueron calculados, o cuando las olas de calor comprometen la integridad de las redes eléctricas y de transporte, el riesgo trasciende lo puramente material para convertirse en un riesgo funcional; en una sociedad de redes interconectadas, el fallo de un nodo de comunicación o energía puede desencadenar efectos en cascada que afecten a servicios esenciales como el suministro de agua o la logística urbana. Por esta razón, la ingeniería contemporánea está priorizando la transición hacia la resiliencia, un enfoque técnico que busca que las infraestructuras existentes no solo sean robustas frente a cargas físicas, sino que también posean la flexibilidad necesaria para adaptarse, absorber impactos imprevistos y recuperar su funcionalidad con la mayor celeridad posible, garantizando así la estabilidad de los servicios de los que depende la ciudadanía.
En los últimos meses se ha hablado mucho de la situación de las presas en España. La edad media de las presas de titularidad estatal es de 55 años. ¿Cómo les afecta el cambio climático? ¿Qué haría falta para garantizar su seguridad en el actual contexto del cambio climático?
La antigüedad media de las presas de titularidad estatal en España, de unos 55 años, las sitúa en un periodo de madurez técnica que requiere una reevaluación constante frente a un entorno climático ya no estadísticamente estable. Estas estructuras fueron proyectadas bajo estándares hidrológicos de mediados del siglo XX que no contemplaban la variabilidad climática actual, la cual se manifiesta en avenidas más súbitas y severas que pueden someter a los órganos de desagüe, como los aliviaderos, a regímenes de carga superiores a los previstos en su diseño original. Garantizar la seguridad de este patrimonio hidráulico en el contexto actual no implica necesariamente una reconstrucción estructural generalizada, sino una evolución decidida hacia una gestión de la seguridad basada en el riesgo; esto supone combinar la auscultación técnica avanzada —que permite monitorizar en tiempo real la respuesta de la estructura y el envejecimiento de sus materiales— con la actualización de los modelos hidrológicos y la modernización de los planes de emergencia. En definitiva, la seguridad de las presas ante el cambio climático depende de una estrategia integral que combine el mantenimiento riguroso con la incorporación de nuevas tecnologías de predicción y de evacuación de caudales, asegurando que estas obras sigan cumpliendo su función vital de regulación y protección ciudadana con los máximos niveles de fiabilidad.
La DANA de Valencia es un ejemplo de un evento extremo. En este caso, también se ha hablado mucho de la falta de infraestructura hidráulica. ¿Qué papel desempeñaron, en este caso, los factores naturales y humanos (en particular, las infraestructuras)? ¿Y qué opina de lo que se ha hecho desde entonces?
Los episodios de inundaciones extremas, como los vividos recientemente en Valencia, no deben analizarse únicamente como fenómenos meteorológicos, sino como desastres socio-naturales en los que la peligrosidad de una atmósfera más cálida y energética —capaz de retener y descargar mayores volúmenes de agua— se encuentra con una exposición y vulnerabilidad territoriales acumuladas durante décadas. En este escenario, las infraestructuras hidráulicas desempeñan un papel ambivalente: mientras que obras de gran escala, como el nuevo cauce del Turia, demostraron su eficacia crítica al proteger el núcleo urbano densamente poblado, la ausencia de intervenciones estructurales y de drenaje en otras cuencas menores, sumada a una ocupación del suelo que ha impermeabilizado zonas de inundación natural, exacerbó la magnitud de la tragedia. Lo ocurrido desde entonces refleja una necesaria transición desde una gestión basada exclusivamente en la respuesta ante emergencias hacia una gestión integral del riesgo de inundación, que debe combinar las soluciones de ingeniería civil tradicional con infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza que devuelvan capacidad de laminación al territorio; el verdadero aprendizaje académico y técnico no reside solo en construir barreras más altas, sino en rediseñar nuestro urbanismo para que sea capaz de convivir con la incertidumbre de unos regímenes hidrológicos que ya están superando los umbrales de seguridad históricos.
¿Estamos ahora más preparados para afrontar una nueva Dana?
La preparación ante fenómenos meteorológicos extremos no es un estado estático, sino un proceso multidimensional que opera a distintas escalas temporales. Tras un evento de gran magnitud, se produce un avance incuestionable en lo que denominamos aprendizaje social, que se traduce en una mayor sensibilidad de la ciudadanía ante las alertas y en una optimización de los protocolos de respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia, factores determinantes para reducir el riesgo vital a corto plazo. Sin embargo, conviene distinguir entre esta capacidad de reacción rápida y la resiliencia estructural del territorio; mientras que la primera puede mejorar de forma casi inmediata tras una crisis, la segunda —que implica la readecuación de infraestructuras críticas, la reforma del urbanismo y la restauración hidrológica de las cuencas— requiere horizontes de ejecución de varios años o incluso décadas. Por lo tanto, aunque hoy contamos con una sociedad y unas instituciones más vigilantes y coordinadas, la adaptación integral de nuestro entorno para minimizar los daños materiales y económicos sigue siendo un desafío de largo recorrido que exige una inversión sostenida y una planificación técnica rigurosa que trascienda la memoria inmediata de la catástrofe.
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