Iniciativa Legislativa Popular para la Modificación de la Ley de Aguas

Este artículo resume los aspectos más importantes de la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Aguas, impulsada por la sociedad civil tras la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024. La iniciativa busca corregir las deficiencias de la legislación y la gestión hídrica actuales, que no contemplan adecuadamente la protección de la vida humana ni garantizan las inversiones preventivas necesarias. Se hace hincapié en la necesidad de dar prioridad a la seguridad de las personas, garantizar la financiación de las infraestructuras y dar preeminencia a los criterios técnicos sobre los políticos.

Contexto y origen de la iniciativa

La ILP surge como respuesta directa a la catástrofe de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, que puso de manifiesto la vulnerabilidad de la sociedad española ante los fenómenos meteorológicos extremos. Los oradores resaltan que, a pesar de eventos similares anteriores (como la DANA de la Vega Baja en 2019 o la riada de 1982), «la Ley de Aguas no contempla la defensa de las personas ni su protección frente a estos eventos». La inacción y la falta de ejecución de planes ya existentes son puntos recurrentes de crítica.

Citas destacadas:

  • “Donde no llegan los políticos tiene que ser la sociedad civil.”
  • “Esta iniciativa como digo surgida tras la Dana del 29 de octubre del 2024 busca situar la protección de la vida humana y la inversión preventiva en el centro de la gestión hídrica algo que falló estrepitosamente en los décadas anteriores cuando habían proyectos técnicos para haber canalizado algunas de las obras.”
  • “La ley de aguas no contempla el la defensa de las personas la protección de las personas frente a estos tipo de eventos.”

Objetivos principales de la ILP

La ILP busca incorporar tres elementos fundamentales como principios rectores de la Ley de Aguas:

  1. Protección de la vida humana e integridad: Actualmente, la ley se centra en la ordenación del territorio, el medio ambiente y la restauración de la naturaleza, pero «no devolverán ni una sola de las vidas que se nos arrebataron». La ILP propone que la vida y la seguridad de las personas sean el objetivo primordial.
  2. Dotación presupuestaria suficiente y ejecución de inversiones: Se exige una inversión adecuada para mitigar los riesgos de inundaciones y sequías, y se señala que «España está invirtiendo menos de un tercio de lo necesario». Los planes ya existen (como el Plan Global contra Inundaciones de 1995), pero no se ejecutan.
  3. Idoneidad técnica en la gestión pública del agua: Se busca que «prevalezcan las decisiones técnicas sobre las políticas», y se responsabiliza a aquellos que «desoyendo a los técnicos, niegan la inversión suficiente». Los profesionales denuncian que «la actuación de los profesionales ha sido mínima, no se nos ha dado la oportunidad de prevenir, dirigir y gestionar lo que tenía que haberse hecho».

Citas destacadas:

  • “Incorporar entre sus principios rectores los siguientes tres elementos: en primer lugar la protección de la vida y la integridad humana… En segundo lugar la dotación presupuestaria es suficiente… Y por último la idoneidad técnica de los responsables públicos de este área para que prevarezcan las decisiones técnicas sobre las políticas.”
  • “La ley de aguas no recoge una protección directa de las personas.”
  • “Planes han habido muchos pero sin embargo todavía estamos ante ante una situación muy lejos de proteger o de prevenir que nos vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en octubre pasado.”
  • “La actuación de los profesionales ha sido mínima no se nos ha dado oportunidad para prevenir y dirigir y gestionar lo que tenía que haber hecho antes durante cómo coordinar los equipos de emergencia.”
  • “Las infraestructuras hidráulicas son la solución técnica más eficaz para salvar vidas humanas ante riadas y garantizar el abastecimiento de agua ante sequía.”

Apoyos y promotores

La iniciativa es impulsada por una comisión promotora que incluye a:

  • José Luis Belmonte: Impulsor de la iniciativa.
  • Miguel Ángel Carrillo: Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
  • Rafael Ariño: Abogado experto en derecho público y administrativo.
  • Ester Mocholí: Del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Cuenta con el respaldo de diversas entidades y asociaciones:

  • Colegios profesionales: Ingenieros de Caminos, Abogados, Geólogos, Procuradores, Unión Profesional de Ingenieros (que aglutina a más de 250.000 profesionales), Químicos (Anque), Geres de Riesgos, Ingenieros de Caminos del Estado.
  • Asociaciones de afectados: Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre (Rosa María Álvarez), Asociación de Damnificados DANA Hortasud Valencia (Verónica Vicentén), Agrupación Ciudadana Afectados por la DANA Toch a una veu (Fernando Catalán).
  • Sociedad civil y fundaciones: Sociedad Civil Valenciana, Sociedad Civil de Alcoy, Foros de la Concordia, Ciudadanía Global, Fundación Boreal (encargada de la recogida de firmas).
  • Instituciones y municipios: Eugenio Pellicer (Vicerrector de la UPV), Javier Machí (Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunidad Valenciana), David García (Alcalde de Nules, Vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Presidente de la Unión Municipalista), José Luis Santa Isabel (Presidente de Fecobal).

Citas destacadas:

  • “Esta iniciativa cuenta ya con el respaldo de los colegios de ingenieros de caminos de abogados de geólogos de procuradores y la unión profesional de ingenieros que aglutina a más de 250,000 profesionales.”
  • “Mi colegio está con vosotros y está a vuestra entera y total disposición.” (Joaquín Martínez, Presidente Colegio de Geólogos)

Mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

Se trata de un mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución española que requiere la recogida de 500 000 firmas válidas en ocho meses. La Fundación Boreal ha habilitado la página web ilpleydelaguas.com para facilitar la recogida de firmas. Las opciones son:

  • Solicitar pliegos de firmas: Se envían a domicilio con un sobre prefranqueado para su devolución.
  • Firmar con certificado digital: Directamente a través de la web.

Obstáculos:

  • La necesidad de pliegos sellados por la Junta Electoral Central impide las fotocopias, haciendo crucial la difusión activa por parte de los ciudadanos.
  • Falta de presupuesto para una potente campaña de comunicación, por lo que se apela a la ayuda de agencias, medios y ciudadanos.

Citas destacadas:

  • “Tenemos que recoger 500.000 medio millón de firmas en solo 8 meses eso son más de 2000 firmas todos y cada uno de los días.”
  • “La web que hay que difundir es esta ilpleydeaguas.com.”
  • “Lamentablemente Joaquín no se pueden hacer fotocopias porque tienen que ser los pliegos de firmas sellados por la Junta Electoral Central.”

Experiencias de los afectados

Los testimonios de los afectados resaltan el profundo dolor y la impotencia ante la catástrofe.

  • Falta de ayuda efectiva: “Los estamentos públicos no hacían nada verdaderamente operativo o ejecutivo la ayuda no llegaba y debemos recordar cómo fue la población civil el pueblo valenciano y junto con el pueblo valenciano toda España cómo se volcó a Valencia.”
  • Pérdida de vidas y medios de vida: Familias perdieron seres queridos, casas y vehículos, con dificultades para el día a día.
  • Sorpresa y falta de preparación: “Esto había pillado por sorpresa a todos los políticos independientemente del color y eso era lo más sorpresivo.”
  • Memoria histórica ignorada: Se menciona la “barrancada del 57” y la del “49” (prácticamente oculta), cuyos planes de prevención no se ejecutaron, resultando en pérdidas de vidas.
  • Inacción actual: 9 meses después de la DANA, la situación de riesgo persiste: “Si mañana vuelve a suceder lo mismo aquí parte de España volverá a pasar lo mismo.”

Citas destacadas:

  • “No es mi medio el estar hablando en un foro de técnicos y de científicos lo que decía todos hemos perdido un ser querido dos y hasta tres no queremos que esto se vuelva a repetir.”
  • “La ayuda no llegaba y debemos recordar cómo fue la población civil el pueblo valenciano y junto con el pueblo valenciano toda España cómo se volcó a Valencia.”
  • “Los ayuntamientos han recibido el dinero y no saben qué tienen que hacer.”
  • “Esto lo tenga que hacer la sociedad civil me parece vergonzoso me parece vergonzoso que 9 meses después ningún representante público… no hayan hecho nada absolutamente nada para que esto no vuelva a suceder.”

Argumentos técnicos y jurídicos

  • Planes existentes no ejecutados: Existen planes hidrológicos y de gestión de riesgos por inundaciones aprobados (como el Plan Global contra Inundaciones del año 95 o el Plan Hidrológico Nacional), pero la inversión y ejecución son deficientes. “Los planes ya existen… hay inversión ya prevista pero no se ejecuta.”
  • Responsabilidad política: Se enfatiza la responsabilidad política de quienes, desoyendo a los técnicos, no ejecutan las inversiones necesarias.
  • Marco jurídico deficiente:La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) contempla la preservación de especies “menos la humana”. Se propone “abolir el día en aquellas obras cuyo objetivo sea la defensa humana.”
  • Los procesos de aprobación y contratación de proyectos son “extremadamente largos” y “garantistas”. Se propone declarar las obras de defensa humana como “obras de emergencia” para agilizar su ejecución.
  • Prioridad presupuestaria: Se exige que la prioridad en los presupuestos del Estado sea “siempre todas las obras que defienden la vida humana.”
  • Rol de los técnicos: Los profesionales (ingenieros, geólogos, etc.) deben ser escuchados y sus criterios deben prevalecer. “Los técnicos debemos ser los técnicos competentes en la materia no puede ser que no se nos escuche.”

Citas destacadas:

  • “Las infraestructuras hidráulicas son la solución técnica más eficaz para salvar vidas humanas.”
  • “El coste de la inversión no era pues suficiente no se no justificaba lo que iba a pues de alguna manera solucionar [y] yo le pregunté que en ese estudio coste beneficio que a cuánto costaba cada vida humana.” (Alcalde de Nules)
  • “Hay que hacer las cosas como bien ha dicho el presidente de de Ingenieros de Caminos de España hay que hacer las obras hay que llevarlas a cabo.”
  • “Todas las obras tienen que tener un documento que se llama día declaración de impacto ambiental ese documento contempla la preservación de todas las especies menos la humana así que lo primero que hay que hacer es abolir el día en aquellas obras cuyo objetivo sea la defensa humana.”

Llamamiento a la acción

Se hace un llamamiento unánime a la sociedad civil, a todos los ciudadanos y a las entidades para que apoyen activamente la ILP mediante la firma.

  • Movilización ciudadana: Cada firmante debe convertirse en un “embajador” de la iniciativa, promoviendo la recogida de firmas en su entorno.
  • Colaboración institucional: Se pide a universidades, ayuntamientos, comercios y otros lugares accesibles que faciliten puntos de recogida de firmas. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias se compromete a instar a los ayuntamientos a apoyar la ILP.
  • Conciencia colectiva: La protección de la vida humana y la necesidad de infraestructuras preventivas es una cuestión de “sentido común” que debe trascender ideologías.

Citas destacadas:

  • “Es el momento de que los ciudadanos demos un paso firme al frente para garantizar con nuestra firma la modificación de la ley de aguas y preservar la vida humana.”
  • “Ahora es el momento de la sociedad civil.”
  • “Nosotros por supuesto que la apoyaremos y entre todas las personas tenemos que conseguir que se haga esto.”
  • “Mi apoyo absoluto a esta a esta iniciativa contar con nosotros como ya sabe José Luis en todo lo que podamos ayudaros y pedir pedir a la a la gente que hoy nos escuche que además los medios de comunicación antes han venido y espero que den altavoz a esta iniciativa y que la gente se sume apoye y pasemos a la acción.”

Conclusión

La Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley de Aguas es un clamor de la sociedad civil para subsanar las deficiencias legislativas y de gestión que han tenido consecuencias trágicas. Su objetivo es garantizar que la protección de la vida humana, la inversión en infraestructuras y la prevalencia del criterio técnico sean los pilares de la política hídrica española. El reto inmediato es movilizar 500 000 firmas para llevar esta propuesta al Parlamento y garantizar un futuro más seguro ante los eventos climáticos extremos.

Cita final:

  • «Esta iniciativa legislativa popular viene a hacer lo que los poderes públicos, que tienen la obligación de hacerlo, no han hecho cuando correspondía, máxime después de la riada del 57, la del 82 y todos los fenómenos de gota fría que padecemos en la Comunidad Valenciana».

A continuación os dejo el vídeo de la jornada de presentación:

Posibles consecuencias de una nueva DANA en el otoño de 2025

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/07/15/9-meses-despues-de-la-dana-la-legislacion-urbanistica-sigue-sin-cambios-radio-valencia/

En artículos anteriores, ya he explicado cuáles son las características que debería tener una reconstrucción tras una catástrofe. Argumenté entonces que limitarse a devolver la situación al estado previo al desastre supone, en la práctica, que la sociedad acepte que los efectos del desastre se repetirán, y eso es inasumible. Para ilustrarlo, imaginemos una familia —una pareja, dos niños pequeños y una persona mayor— circulando en un coche por la autopista a 120 km/h sin llevar cinturones de seguridad: basta con que se cruce un animal en la carretera para que el accidente sea mortal. Esa es precisamente la analogía de lo que supone enfrentarse a una nueva DANA, como la que sufrió Valencia en 2024: aun suponiendo que la reconstrucción hubiera sido rápida y eficaz, restableciendo viviendas, servicios e infraestructuras al estado anterior a la catástrofe, no se ha llevado a cabo una actuación integral de defensa que proteja realmente a la población.

Hay quien opina que lo mejor sería «no coger el coche», es decir, evacuar a la población de las zonas inundables. Sin embargo, otros pensamos que, en muchas ocasiones, merece la pena «ponerse los cinturones», equipar el «vehículo» con airbags, silla de retención infantil y todas las medidas de protección necesarias para circular con seguridad por esa autopista. La solución no es sencilla, pero, ocho meses y medio después de la DANA, tengo la impresión de que todavía falta algo más que reconstruir. Hay que iniciar las acciones integrales que protejan a la población. En este sentido, remito al lector a la Iniciativa Legislativa Popular para la Modificación de la Ley de Aguas, en apoyo de este tipo de acciones integrales.

La creciente frecuencia e intensidad de las DANAs en el Mediterráneo sitúan a la Comunidad Valenciana como una región especialmente vulnerable a eventos extremos de lluvia y avenidas repentinas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, fenómenos como la DANA de octubre de 2024 anticipan un repunte continuado de inundaciones terrestres y costeras, con episodios que superarán con frecuencia las expectativas de diseño de las infraestructuras actuales (eea.europa.eu).

  1. Vulnerabilidad de infraestructuras en reconstrucción

A mediados de 2025, muchas obras de renovación de redes de drenaje, carreteras y puentes seguirán en fase de ejecución. Las soluciones parciales adoptadas, como bombeos provisionales, diques temporales y canalizaciones pendientes, no están concebidas para resistir lluvias extremas. Una nueva DANA podría dañar o destruir tramos sin concluir, lo que obligaría a reiniciar los proyectos, encarecer los materiales y prolongar los plazos de entrega. Además, la falta de flexibilidad constatada en los contratos públicos dificulta la adaptación rápida de las obras a las variaciones atmosféricas imprevistas (joint-research-centre.ec.europa.eu).

  1. Agotamiento financiero y riesgo de “efecto dominó”

Hasta la fecha, las administraciones centrales, autonómicas y locales han movilizado más de 29 000 millones de euros en ayudas y obras. Sin embargo, los presupuestos aprobados para 2025 contemplan márgenes muy ajustados. Un nuevo desembolso urgente de una magnitud similar tensionaría la capacidad de endeudamiento, obligaría a redirigir partidas previstas para servicios esenciales (sanidad, educación, mantenimiento urbano) y podría provocar recortes en la inversión pública. El Network for Greening the Financial System advierte de que los eventos climáticos repetidos podrían provocar una caída del 5 % del PIB de la eurozona en los próximos cinco años, comparable a crisis financieras previas (Reuters).

  1. Impactos socioeconómicos acumulativos

La población y las empresas locales aún no se han recuperado plenamente de la DANA de 2024. Los hogares que tramitaron reclamaciones a los seguros podrían ver reabiertos sus expedientes, las pymes del sector primario y del turismo de interior perderían de nuevo ingresos críticos en temporada alta y los autónomos que volvieron a la normalidad tras recibir ayudas iniciales se enfrentarían de nuevo a la incertidumbre. Esta inestabilidad puede traducirse en migración temporal de trabajadores, aumento del paro en economías locales dependientes del sector primario y ralentización de la reconstrucción social (The Guardian).

  1. Agravamiento del daño ambiental

Las intervenciones de emergencia han empleado grandes cantidades de áridos y han adoptado medidas provisionales en los cauces y las riberas. Una nueva inundación arrastraría sedimentos contaminados, dificultaría la recuperación de los ecosistemas fluviales y aceleraría la pérdida de biodiversidad. Según estudios del Joint Research Centre, la combinación de construcciones urgentes y posteriores avenidas pone en riesgo la productividad primaria del litoral mediterráneo, lo que podría suponer pérdidas anuales de hasta 4700 millones de euros en el sector pesquero si no se implementan medidas de adaptación más eficaces (joint-research-centre.ec.europa.eu).

  1. Erosión de la confianza ciudadana y gobernanza

Encuestas recientes indican que más del 65 % de las personas afectadas considera que la respuesta institucional es insuficiente. Un segundo episodio destructivo reforzaría la percepción de incapacidad de las administraciones, lo que desencadenaría protestas ciudadanas y obstaculizaría la aprobación de nuevos créditos en las Cortes y en Les Corts. La escasa coordinación inicial entre los distintos niveles de gobierno en 2024 sentaría un precedente de fragmentación política que dificultaría tanto la gestión de la crisis como la aplicación de soluciones a medio plazo (eea.europa.eu).

  1. Consecuencias sobre la salud mental y sanitaria

El síndrome postraumático de las víctimas y supervivientes de la DANA de 2024 aún no se ha tratado en profundidad. Un nuevo impacto reactivaría el estrés colectivo, incrementaría la demanda de atención psicológica y tensionaría un sistema sanitario que ya está volcado en equilibrar la recuperación y las campañas de salud pública. La EEA advierte de que los efectos de las inundaciones repetidas no solo incluyen lesiones físicas, sino también trastornos mentales, infecciones y problemas crónicos derivados de la exposición prolongada a entornos contaminados (eea.europa.eu).

Conclusión

La probabilidad de una nueva DANA en otoño de 2025 supone un riesgo multidimensional que compromete obras en curso, presiona las finanzas públicas, frena la recuperación socioeconómica, daña el medio ambiente, debilita la confianza institucional y agrava la carga sobre la salud mental y física de la población. Solo mediante un enfoque preventivo que combine adaptación estructural, innovación en sistemas de alerta temprana y planificación urbanística, la Comunidad Valenciana podrá afrontar un nuevo evento de este tipo sin sucumbir a un «efecto multiplicador» de crisis.

Os paso a continuación una entrevista que me han hecho en Hoy por hoy Comunitat Valenciana, de la Cadena Ser y un enlace a la noticia. Espero que os sea de interés.

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/07/15/9-meses-despues-de-la-dana-la-legislacion-urbanistica-sigue-sin-cambios-radio-valencia/

Referencias

  • European Environment Agency, Extreme weather: floods, droughts and heatwaves (eea.europa.eu)
  • Joint Research Centre, Facing increasing river flood risk in Europe (joint-research-centre.ec.europa.eu)
  • Reuters, Extreme weather could cause 5% drop in euro zone GDP (Reuters)
  • The Guardian, Are we heading for ‘managed retreat’? (The Guardian)
  • EEA, Climate change poses increasingly severe risks (eea.europa.eu)

Entrevista en Levante-EMV sobre la reconstrucción tras la DANA

Recojo a continuación una entrevista que me han realizado en Levante-EMV sobre la reconstrucción tras la DANA. La noticia la podéis leer en el siguiente enlace: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/03/17/error-reconstruir-dana-valencia-sin-adaptar-cambio-climatico-115061981.html

Esta noticia está muy relacionada con el artículo de opinión que escribí en mi blog hace unos días: La ingeniería de la reconstrucción.

La reconstrucción de infraestructuras tras la DANA del 29 de octubre no debe limitarse a la reposición de lo perdido, sino que debe corregir vulnerabilidades y minimizar futuros daños, evitando errores del pasado. Infraestructuras clave como la autovía A7 y la V31 han sido identificadas como barreras que agravaron la inundación, por lo que se plantea la necesidad de medidas de adaptación y mitigación, incluyendo posibles pasos elevados y tecnologías avanzadas para reducir riesgos. Se recomienda rediseñar puentes con cimentación profunda y menor número de soportes para evitar bloqueos en el flujo del agua, así como considerar el impacto de los vehículos arrastrados por la riada en el sistema de drenaje. Expertos en infraestructuras han destacado la necesidad de carreteras y líneas de tren más resilientes al cambio climático, con infraestructuras más permeables a crecidas y posibles modificaciones en su trazado. Para gestionar de manera eficiente la reconstrucción, se propone la creación de un consorcio administrativo que facilite la coordinación entre ayuntamientos, Generalitat y Gobierno central, integrando una visión metropolitana en la planificación territorial.

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La ingeniería de la reconstrucción

Imagen del desastre provocado por la DANA. Imagen: V.J. Yepes (10 de noviembre de 2024)

Las catástrofes naturales y humanas han acompañado a la civilización a lo largo de su historia, poniendo a prueba su capacidad de adaptación. Sin embargo, la forma en que se afronta la reconstrucción tras un desastre no puede limitarse a la reposición de lo perdido. El caso de las recientes inundaciones en Valencia el 29 de octubre de 2024 ilustra una realidad que se repite con cada evento extremo: la urgencia de reconstruir suele imponerse a la necesidad de reflexionar. No obstante, si la ingeniería de la reconstrucción se reduce a restablecer el estado previo a la catástrofe, se estaría desperdiciando una oportunidad para corregir vulnerabilidades y minimizar futuros daños.

El primer desafío tras un desastre es la respuesta inmediata. En esta fase, la prioridad es el rescate de personas y la provisión de recursos esenciales. Una vez atendidas estas necesidades básicas, la atención se centra en la recuperación de infraestructuras críticas, como hospitales, redes de agua potable, suministro eléctrico y comunicaciones. Este proceso es complejo, ya que estas infraestructuras no solo deben ponerse en funcionamiento lo antes posible, sino que, en muchos casos, han sufrido daños estructurales que comprometen su funcionalidad.

A partir de este punto surge la cuestión clave: ¿debe la reconstrucción reproducir las mismas condiciones previas a la catástrofe? Desde el punto de vista técnico y económico, esta estrategia es cuestionable. Si las infraestructuras y edificaciones han fallado ante un fenómeno extremo, replicarlas sin modificaciones implica asumir que volverán a fallar en el futuro. En el caso concreto de Valencia, se ha observado que algunos puentes obstaculizaron el flujo del agua y los sedimentos, generando represas que agravaron la crecida. Este problema no es nuevo; estructuras similares han provocado efectos equivalentes en inundaciones anteriores y, sin embargo, su diseño se sigue repitiendo. Por tanto, es necesario un enfoque distinto que incorpore criterios de resiliencia y sostenibilidad en la reconstrucción. En el caso de los puentes, esto podría traducirse en reducir el número de apoyos en el cauce, cimentaciones más profundas para reducir su vulnerabilidad a la erosión y revisar los coeficientes de empuje hidráulico en los cálculos estructurales.

El reto no solo consiste en corregir errores del pasado, sino también en prepararse para escenarios futuros más complejos. El cambio climático está alterando la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, lo que obliga a replantear tanto la planificación territorial como la normativa vigente. Lo que antes se consideraba un fenómeno extraordinario puede convertirse en una amenaza recurrente, por lo que es necesario aplicar criterios de diseño más exigentes y estrategias de mitigación más ambiciosas. No se trata únicamente de reforzar las infraestructuras, sino de adaptar las ciudades y las redes de transporte a una realidad en la que las precipitaciones intensas, las sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar serán cada vez más frecuentes. La planificación basada en registros históricos ya no es suficiente; la ingeniería debe integrar modelos predictivos y diseñar soluciones flexibles y adaptativas.

Sin embargo, en la reconstrucción tras una catástrofe suele predominar un enfoque táctico, con decisiones orientadas a mostrar una respuesta inmediata a la ciudadanía. La rapidez en la ejecución de ciertas obras genera la percepción de una gestión eficaz, pero este proceder puede ocultar la ausencia de una estrategia que optimice las actuaciones a largo plazo. Si bien es imprescindible contar con equipos de intervención inmediata para hacer frente a la emergencia, también es esencial disponer de un equipo de reflexión que establezca directrices fundamentadas y evite reconstrucciones apresuradas que perpetúen los mismos errores. Algo así como un «ministerio del pensamiento» que sea capaz de analizar las lecciones aprendidas y convertirlas en políticas y proyectos de reconstrucción con criterios sólidos de sostenibilidad y resiliencia.

Esta misma lógica se aplica a la planificación territorial y urbana. Rehabilitar zonas inundables sin considerar estrategias de mitigación perpetúa la exposición al riesgo. En este sentido, la ingeniería tiene el deber de plantear soluciones basadas en evidencia científica y en experiencias previas. La adaptación a eventos extremos no solo implica reforzar estructuras, sino también reconsiderar su localización y función. En muchos casos, las medidas no requieren inversiones desmesuradas, sino una gestión más eficiente del territorio. La creación de zonas de amortiguamiento, la mejora en la capacidad de drenaje y la regulación del uso del suelo son estrategias que pueden marcar la diferencia en futuras catástrofes.

Además, la sostenibilidad a largo plazo implica tener en cuenta a las personas en la ecuación que gobierna los impactos de las actuaciones. No basta con evaluar los efectos sobre las infraestructuras o el medio ambiente, sino que es necesario considerar cómo influyen estas decisiones en la calidad de vida de las personas que habitan los territorios afectados. La reconstrucción debe ir más allá de la restitución de bienes materiales y tener en cuenta también aspectos sociales, económicos y psicológicos. Por ejemplo, esto implicaría reubicar comunidades en zonas seguras, garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos y minimizar el impacto de las obras sobre la población más vulnerable. Si la ingeniería no tiene en cuenta estos factores, existe el riesgo de generar soluciones técnicamente eficientes, pero socialmente insostenibles.

Uno de los mayores obstáculos en estos procesos es la fragmentación de competencias. La reconstrucción implica a múltiples actores, desde administraciones locales hasta organismos estatales e internacionales. En muchas ocasiones, la superposición de responsabilidades y la falta de coordinación provocan retrasos y contradicciones en la toma de decisiones. Para evitar este problema, una alternativa viable sería la creación de un consorcio específico encargado de gestionar la reconstrucción, en el que las distintas administraciones deleguen temporalmente parte de sus competencias. Este modelo permitiría una planificación más coherente y una ejecución de proyectos con criterios unificados, lo que evitaría la dispersión de recursos y la toma de decisiones inconexas.

La reconstrucción no es solo un proceso técnico, sino también una oportunidad para transformar el entorno de manera más racional y sostenible. Es indispensable actuar con rapidez, pero no se debe hacer a costa de repetir errores del pasado. La ingeniería, como disciplina, no puede limitarse a solucionar problemas inmediatos, sino que debe anticiparse a los riesgos futuros y ofrecer respuestas fundamentadas en el conocimiento acumulado. Una reconstrucción bien planificada no solo restituye lo destruido, sino que contribuye a construir una sociedad más segura y preparada para afrontar los desafíos futuros.

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