En artículos anteriores, ya he explicado cuáles son las características que debería tener una reconstrucción tras una catástrofe. Argumenté entonces que limitarse a devolver la situación al estado previo al desastre supone, en la práctica, que la sociedad acepte que los efectos del desastre se repetirán y eso es inasumible. Para ilustrarlo, imaginemos una familia —una pareja, dos niños pequeños y una persona mayor— circulando en un coche por la autopista a 120 km/h sin llevar cinturones de seguridad: bastaría con que se cruzara un animal en la carretera para que el accidente fuera mortal. Esa es precisamente la analogía de lo que supone enfrentarse a una nueva DANA, como la que sufrió Valencia en 2024: aun suponiendo que la reconstrucción hubiera sido rápida y eficaz, restableciendo viviendas, servicios e infraestructuras al estado anterior a la catástrofe, no se ha llevado a cabo una actuación integral de defensa que proteja realmente a la población.
Hay quien opina que lo mejor sería «no coger el coche», es decir, evacuar a la población de las zonas inundables. Sin embargo, otros pensamos que, en muchas ocasiones, merece la pena «ponerse los cinturones», equipar el «vehículo» con airbags, silla de retención infantil y todas las medidas de protección necesarias para circular con seguridad por esa autopista. La solución no es sencilla, pero, ocho meses y medio después de la DANA, tengo la impresión de que todavía falta algo más que reconstruir. Hay que iniciar las acciones integrales que protejan a la población. En este sentido, remito al lector a la Iniciativa Legislativa Popular para la Modificación de la Ley de Aguas, en apoyo de este tipo de acciones integrales.
La creciente frecuencia e intensidad de las DANAs en el Mediterráneo sitúan a la Comunidad Valenciana como una región especialmente vulnerable a eventos extremos de lluvia y avenidas repentinas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, fenómenos como la DANA de octubre de 2024 anticipan un repunte continuado de inundaciones terrestres y costeras, con episodios que superarán con frecuencia las expectativas de diseño de las infraestructuras actuales (eea.europa.eu).
Vulnerabilidad de infraestructuras en reconstrucción
A mediados de 2025, muchas obras de renovación de redes de drenaje, carreteras y puentes seguirán en fase de ejecución. Las soluciones parciales adoptadas, como bombeos provisionales, diques temporales y canalizaciones pendientes, no están concebidas para resistir lluvias extremas. Una nueva DANA podría dañar o destruir tramos sin concluir, lo que obligaría a reiniciar los proyectos, encarecer los materiales y prolongar los plazos de entrega. Además, la falta de flexibilidad constatada en los contratos públicos dificulta la adaptación rápida de las obras a las variaciones atmosféricas imprevistas (joint-research-centre.ec.europa.eu).
Agotamiento financiero y riesgo de “efecto dominó”
Hasta la fecha, las administraciones centrales, autonómicas y locales han movilizado más de 29 000 millones de euros en ayudas y obras. Sin embargo, los presupuestos aprobados para 2025 contemplan márgenes muy ajustados. Un nuevo desembolso urgente de una magnitud similar tensionaría la capacidad de endeudamiento, obligaría a redirigir partidas previstas para servicios esenciales (sanidad, educación, mantenimiento urbano) y podría provocar recortes en la inversión pública. El Network for Greening the Financial System advierte de que los eventos climáticos repetidos podrían provocar una caída del 5 % del PIB de la eurozona en los próximos cinco años, comparable a crisis financieras previas (Reuters).
Impactos socioeconómicos acumulativos
La población y las empresas locales aún no se han recuperado plenamente de la DANA de 2024. Los hogares que tramitaron reclamaciones a los seguros podrían ver reabiertos sus expedientes, las pymes del sector primario y del turismo de interior perderían de nuevo ingresos críticos en temporada alta y los autónomos que volvieron a la normalidad tras recibir ayudas iniciales se enfrentarían de nuevo a la incertidumbre. Esta inestabilidad puede traducirse en migración temporal de trabajadores, aumento del paro en economías locales dependientes del sector primario y ralentización de la reconstrucción social (The Guardian).
Agravamiento del daño ambiental
Las intervenciones de emergencia han empleado grandes cantidades de áridos y han adoptado medidas provisionales en los cauces y las riberas. Una nueva inundación arrastraría sedimentos contaminados, dificultaría la recuperación de los ecosistemas fluviales y aceleraría la pérdida de biodiversidad. Según estudios del Joint Research Centre, la combinación de construcciones urgentes y posteriores avenidas pone en riesgo la productividad primaria del litoral mediterráneo, lo que podría suponer pérdidas anuales de hasta 4700 millones de euros en el sector pesquero si no se implementan medidas de adaptación más eficaces (joint-research-centre.ec.europa.eu).
Erosión de la confianza ciudadana y gobernanza
Encuestas recientes indican que más del 65 % de las personas afectadas considera que la respuesta institucional es insuficiente. Un segundo episodio destructivo reforzaría la percepción de incapacidad de las administraciones, lo que desencadenaría protestas ciudadanas y obstaculizaría la aprobación de nuevos créditos en las Cortes y en Les Corts. La escasa coordinación inicial entre los distintos niveles de gobierno en 2024 sentaría un precedente de fragmentación política que dificultaría tanto la gestión de la crisis como la aplicación de soluciones a medio plazo (eea.europa.eu).
Consecuencias sobre la salud mental y sanitaria
El síndrome postraumático de las víctimas y supervivientes de la DANA de 2024 aún no se ha tratado en profundidad. Un nuevo impacto reactivaría el estrés colectivo, incrementaría la demanda de atención psicológica y tensionaría un sistema sanitario que ya está volcado en equilibrar la recuperación y las campañas de salud pública. La EEA advierte de que los efectos de las inundaciones repetidas no solo incluyen lesiones físicas, sino también trastornos mentales, infecciones y problemas crónicos derivados de la exposición prolongada a entornos contaminados (eea.europa.eu).
Conclusión
La probabilidad de una nueva DANA en otoño de 2025 supone un riesgo multidimensional que compromete obras en curso, presiona las finanzas públicas, frena la recuperación socioeconómica, daña el medio ambiente, debilita la confianza institucional y agrava la carga sobre la salud mental y física de la población. Solo mediante un enfoque preventivo que combine adaptación estructural, innovación en sistemas de alerta temprana y planificación urbanística, la Comunidad Valenciana podrá afrontar un nuevo evento de este tipo sin sucumbir a un «efecto multiplicador» de crisis.
Os paso a continuación una entrevista que me han hecho en Hoy por hoy Comunitat Valenciana, de la Cadena Ser y un enlace a la noticia. Espero que os sea de interés.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos organizó una jornada sobre Infraestructuras Resilientes al Clima el 4 de abril en el Auditorio Agustín de Betancourt. Estas jornadas tan interesantes se grabaron en un vídeo, que ahora os dejo.
El vídeo, titulado «Jornada sobre Infraestructuras Resilientes al Clima», es un recurso muy valioso que aborda la creciente necesidad de desarrollar infraestructuras que puedan resistir y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Durante la jornada, se presentaron diferentes puntos de vista sobre cómo la ingeniería civil puede hacer frente a estos desafíos, resaltando la importancia de la resiliencia climática en la planificación y gestión de infraestructuras. Y ahora, vamos a echar un vistazo más de cerca a todo lo que se habló en la jornada.
1. Importancia de la resiliencia climática
La resiliencia climática se ha convertido en un concepto central en la planificación de infraestructuras, debido a la creciente vulnerabilidad de las comunidades ante eventos climáticos extremos.
Los impactos del cambio climático, tales como huracanes, inundaciones y sequías, han aumentado en frecuencia e intensidad. Estos fenómenos no solo afectan a las infraestructuras físicas, sino que también tienen repercusiones sociales y económicas significativas, que incluyen la pérdida de vidas, desplazamientos forzados y daños económicos.
A modo ilustrativo, en la jornada se expusieron ejemplos de comunidades que han adoptado soluciones resilientes, tales como sistemas de drenaje mejorados, infraestructura verde y edificaciones diseñadas para resistir eventos extremos. Estos ejemplos ponen de manifiesto los beneficios tangibles a largo plazo que conlleva la inversión en resiliencia.
2. Oportunidades profesionales en ingeniería civil
La jornada puso de manifiesto que la búsqueda de infraestructuras resilientes está generando nuevas oportunidades profesionales para los ingenieros civiles.
Se evidenció una demanda de especialistas debido a la necesidad imperante de adaptación al cambio climático, lo que ha generado una demanda de expertos en diversas áreas, tales como la gestión de recursos hídricos, la planificación urbana sostenible y la ingeniería de infraestructuras.
Se subrayó la relevancia de la educación continua y la formación especializada para que los profesionales puedan afrontar los desafíos emergentes en este campo. Los programas de capacitación y certificación en resiliencia climática son de vital importancia para la preparación de los ingenieros del futuro.
3. Retos normativos y de implementación
Uno de los asuntos más críticos que se ha planteado es la necesidad imperativa de adaptar las normativas vigentes para facilitar la implementación de infraestructuras resilientes.
Un número significativo de normativas vigentes no han sido concebidas para hacer frente a los riesgos asociados al cambio climático. Esta situación puede generar obstáculos para la implementación de soluciones innovadoras y efectivas.
En este sentido, se destacó la importancia de la colaboración interdisciplinaria entre ingenieros, urbanistas, arquitectos y responsables políticos. Un enfoque interdisciplinario puede ayudar a crear un marco normativo que apoye la resiliencia y facilite la implementación de proyectos.
Finalmente, se presentan ejemplos de mejores prácticas de otras regiones que han logrado adaptar sus normativas con éxito, lo que puede servir de modelo para otras comunidades.
4. Ingeniería humanitaria y adaptación a emergencias
En las jornadas también se subrayó el rol de la ingeniería humanitaria en el desarrollo de infraestructuras resilientes.
En lo que respecta a los denominados «Proyectos de respuesta rápida», se debatieron enfoques para el diseño de infraestructuras que puedan ser implantadas con celeridad en situaciones de emergencia, garantizando que las comunidades afectadas tengan acceso a servicios básicos de manera inmediata.
Por último, se abordó la importancia de la capacitación y los recursos, así como la formación de equipos de respuesta a emergencias y la disponibilidad de recursos adecuados, elementos esenciales para asegurar que las infraestructuras puedan soportar eventos extremos y facilitar la recuperación.
5. Educación y conciencia social
La jornada puso de manifiesto la importancia de la educación y la comunicación en la promoción de infraestructuras resilientes.
Es imperativo que la sociedad comprenda la relevancia de invertir en infraestructuras resilientes. En este sentido, la educación desempeña un papel crucial, ya que permite a las comunidades identificar los beneficios a largo plazo de tales inversiones.
Se propusieron programas de sensibilización que involucren a la comunidad en la planificación y diseño de infraestructuras, fomentando un sentido de propiedad y responsabilidad.
6. Financiación de infraestructuras resilientes
La financiación constituye uno de los desafíos más significativos en el desarrollo de infraestructuras resilientes.
En lo que respecta a las fuentes de financiación, se presentan diversas estrategias para asegurar fondos, tales como la colaboración entre los sectores público y privado, así como la búsqueda de fondos internacionales destinados a proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.
También se presentaron ejemplos de modelos de inversión exitosos que han permitido financiar proyectos de infraestructura resiliente, destacando la importancia de demostrar el retorno de inversión a largo plazo.
7. Implementación de directivas y normativas en España
La jornada abordó la implantación de la directiva de gestión de avenidas en España, cuyo objetivo es el de mejorar la preparación y respuesta ante inundaciones.
Se abordó la cuestión de las dificultades que enfrentan las autoridades para aplicar estas directivas de manera efectiva, así como las adaptaciones necesarias para enfrentar fenómenos climáticos inesperados.
Finalmente, se presentaron las lecciones aprendidas de la implantación de estas directivas, así como recomendaciones para mejorar la efectividad de las políticas existentes.
8. Innovaciones tecnológicas y soluciones sostenibles
La jornada destacó la importancia de la tecnología en el desarrollo de infraestructuras resilientes. También se abordó el tema de tecnologías emergentes, tales como la inteligencia artificial y el modelado predictivo, que tienen el potencial de ayudar a anticipar y gestionar los riesgos climáticos.
En lo que respecta a la Infraestructura Verde, se expusieron soluciones basadas en la integración de la naturaleza, como los techos verdes y los sistemas de drenaje sostenible, que se presentan como una estrategia eficaz para aumentar la resiliencia de las infraestructuras.
9. Perspectivas futuras y llamado a la acción
La jornada concluyó con una exhortación a la acción dirigida a todos los profesionales implicados en la planificación y gestión de infraestructuras.
Se hizo especial hincapié en que la responsabilidad de hacer frente al cambio climático es compartida y requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
Asimismo, se instó a los profesionales a adoptar una visión a largo plazo en la planificación de infraestructuras, contemplando no solo las necesidades actuales, sino también los desafíos futuros que plantea el cambio climático.
Conclusión
La jornada sobre infraestructuras resilientes al clima constituye un llamamiento a la acción dirigido a los profesionales de la ingeniería civil y otros actores implicados en la planificación y gestión de infraestructuras. La adaptación al cambio climático no solo es una responsabilidad, sino una oportunidad para innovar y crear un futuro más seguro y sostenible. Para ello, resulta imprescindible la colaboración, la educación y la inversión, que son pilares fundamentales para lograr infraestructuras que no solo resistan los desafíos actuales, sino que también estén preparadas para los retos del futuro. Este enfoque integral resulta imperativo para asegurar que las comunidades no solo sobrevivan, sino que prosperen en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático.
Aquí tenéis un mapa conceptual de la jornada.
Pero creo que lo mejor es que, si tenéis un rato, oigáis de primera mano todas y cada una de las intervenciones en este vídeo. Espero que os sea de interés.
Glosario de términos clave
Adaptación al Cambio Climático: Proceso de ajuste a los impactos actuales o esperados del cambio climático. En el contexto de las infraestructuras, implica modificar su diseño, construcción y operación para soportar condiciones climáticas extremas.
Resiliencia (Climática): Capacidad de un sistema, comunidad o infraestructura para anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse de eventos adversos del clima.
Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos): Fenómeno meteorológico que puede causar lluvias torrenciales e inundaciones severas, mencionado en el texto como causa de trágicas consecuencias.
Niveles Preindustriales: Periodo de referencia (antes de la Revolución Industrial) utilizado para medir el aumento de la temperatura global debido a las actividades humanas.
Fenómenos Meteorológicos Extremos: Eventos climáticos de intensidad inusual, como olas de calor, sequías, inundaciones torrenciales y tormentas severas.
Infraestructuras Críticas: Infraestructuras esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía, como las de transporte, energía, agua y telecomunicaciones, cuya afectación tiene consecuencias significativas.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): Marco de acción en España para integrar el cambio climático en la planificación sectorial, incluyendo las infraestructuras.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021): Ley española que establece objetivos de reducción de emisiones y promueve la adaptación al cambio climático en diversos sectores.
Directiva de Resiliencia de Infraestructuras Críticas: Normativa de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a adoptar estrategias para mejorar la resiliencia de sus infraestructuras esenciales.
Seopán: Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, mencionada por su análisis de inversión en infraestructuras prioritarias.
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas): Organismo técnico español que realiza estudios y análisis relacionados con la ingeniería civil y el medio ambiente.
Cuencas Hidráulicas: Áreas geográficas donde el agua drena hacia un río principal, mencionadas en relación con la planificación hidrológica y la gestión de inundaciones.
Soluciones Basadas en la Naturaleza: Enfoques para abordar los desafíos ambientales que utilizan o imitan procesos naturales para proporcionar beneficios tanto para el medio ambiente como para la sociedad.
Sistemas de Saneamiento: Infraestructuras urbanas destinadas a la recogida y tratamiento de aguas residuales y pluviales.
Vías Separativas: Sistemas de saneamiento en los que las aguas residuales y las aguas pluviales se recogen y transportan por redes de tuberías separadas.
Resiliencia Estructural: Capacidad de una estructura para mantener su función y recuperarse después de ser sometida a eventos extremos o perturbaciones.
Robustez: Capacidad de una infraestructura o sistema para resistir un evento adverso sin una pérdida significativa de funcionalidad.
Rapidez (en Resiliencia): Velocidad con la que un sistema o infraestructura puede recuperarse y restaurar su funcionalidad después de una perturbación.
Análisis de Riesgos Climáticos: Evaluación de la probabilidad e impacto potencial de los eventos climáticos adversos sobre las infraestructuras.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030): Acuerdo internacional que establece un marco global para la reducción del riesgo de desastres, incluyendo la importancia de invertir en resiliencia.
Predicción y Modelos Predictivos: Uso de datos y herramientas para anticipar futuros eventos climáticos y sus posibles impactos.
Incertidumbre Profunda: Situación en la que hay una falta de conocimiento sobre las probabilidades o los posibles resultados de un evento.
Cisne Negro (Teoría): Término utilizado para describir eventos altamente improbables, de gran impacto y que solo se pueden explicar o predecir en retrospectiva.
Disponibilidad: Capacidad de una infraestructura para estar operativa y proporcionar su servicio.
Capacidad (en Infraestructura): Volumen o nivel de servicio que una infraestructura puede soportar o manejar.
Vulnerabilidad: Susceptibilidad de una infraestructura a sufrir daños o perder funcionalidad debido a un evento climático adverso.
Exposición: Grado en que una infraestructura está situada en un área propensa a eventos climáticos adversos.
Sensibilidad: Grado en que una infraestructura se ve afectada por un evento climático adverso una vez expuesta a él.
Escenarios de Cambio Climático: Proyecciones de posibles futuras condiciones climáticas basadas en diferentes supuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP): Marcos utilizados en la investigación del cambio climático para describir posibles futuros socioeconómicos y sus implicaciones para las emisiones y la adaptación.
Análisis Coste-Beneficio: Método para evaluar la rentabilidad de diferentes opciones de inversión, comparando los costos y beneficios esperados.
Gobernanza: Procesos y estructuras para tomar decisiones e implementar acciones, en este contexto, relacionadas con la resiliencia de las infraestructuras.
Inventario de Activos: Base de datos que contiene información detallada sobre las infraestructuras y sus componentes.
Sistemas de Ayuda a la Decisión: Herramientas informáticas y modelos que asisten en la toma de decisiones complejas, como la gestión de inundaciones o sequías.
Llanuras de Inundación Controlada: Áreas designadas para ser inundadas de manera planificada durante eventos de crecida para reducir el riesgo en otras zonas.
Probable Maximum Flood (PMF) / Avenida Máxima Probable: Estimación del evento de inundación más severo que es razonablemente posible en un lugar dado.
Flash Floods / Crecidas Repentinas: Inundaciones rápidas y violentas que ocurren con poca o ninguna advertencia, a menudo causadas por lluvias torrenciales intensas.
Six Sigma: Metodología de gestión de procesos que busca reducir al mínimo la probabilidad de defectos o errores.
Poka-yoke: Sistemas a prueba de errores diseñados para prevenir o detectar errores humanos.
Consorcio Administrativo: Entidad legal formada por varias administraciones públicas para coordinar y ejecutar acciones conjuntas.
Gemelos Digitales: Réplicas virtuales de sistemas o infraestructuras físicas que permiten la simulación y el análisis.
Big Data: Conjuntos de datos muy grandes y complejos que pueden ser analizados para revelar patrones y tendencias.
Ingeniería Humanitaria: Aplicación de principios y habilidades de ingeniería para abordar crisis humanitarias y promover el bienestar humano.
Estacionariedad Climática: Suposición de que las propiedades estadísticas del clima (como las distribuciones de precipitación o temperatura) permanecen constantes a lo largo del tiempo.
Análisis Probabilístico: Enfoque para evaluar la probabilidad de ocurrencia de eventos y sus posibles consecuencias.
Métodos Semiprobalísticos: Métodos de diseño estructural que utilizan factores de seguridad parciales basados en consideraciones probabilísticas.
Trayectorias Adaptativas: Secuencias de medidas de adaptación que se pueden implementar a lo largo del tiempo para hacer frente a los impactos cambiantes del cambio climático.
KPIs Financieros (Indicadores Clave de Rendimiento Financiero): Métricas utilizadas para evaluar el desempeño financiero, que pueden incorporarse en el análisis de la resiliencia de las infraestructuras.
Imagen del desastre provocado por la DANA. Imagen: V.J. Yepes (10 de noviembre de 2024)
Las catástrofes naturales y humanas han acompañado a la civilización a lo largo de su historia, poniendo a prueba su capacidad de adaptación. Sin embargo, la forma en que se afronta la reconstrucción tras un desastre no puede limitarse a la reposición de lo perdido. El caso de las recientes inundaciones en Valencia el 29 de octubre de 2024 ilustra una realidad que se repite con cada evento extremo: la urgencia de reconstruir suele imponerse a la necesidad de reflexionar. No obstante, si la ingeniería de la reconstrucción se reduce a restablecer el estado previo a la catástrofe, se estaría desperdiciando una oportunidad para corregir vulnerabilidades y minimizar futuros daños.
El primer desafío tras un desastre es la respuesta inmediata. En esta fase, la prioridad es el rescate de personas y la provisión de recursos esenciales. Una vez atendidas estas necesidades básicas, la atención se centra en la recuperación de infraestructuras críticas, como hospitales, redes de agua potable, suministro eléctrico y comunicaciones. Este proceso es complejo, ya que estas infraestructuras no solo deben ponerse en funcionamiento lo antes posible, sino que, en muchos casos, han sufrido daños estructurales que comprometen su funcionalidad.
A partir de este punto surge la cuestión clave: ¿debe la reconstrucción reproducir las mismas condiciones previas a la catástrofe? Desde el punto de vista técnico y económico, esta estrategia es cuestionable. Si las infraestructuras y edificaciones han fallado ante un fenómeno extremo, replicarlas sin modificaciones implica asumir que volverán a fallar en el futuro. En el caso concreto de Valencia, se ha observado que algunos puentes obstaculizaron el flujo del agua y los sedimentos, generando represas que agravaron la crecida. Este problema no es nuevo; estructuras similares han provocado efectos equivalentes en inundaciones anteriores y, sin embargo, su diseño se sigue repitiendo. Por tanto, es necesario un enfoque distinto que incorpore criterios de resiliencia y sostenibilidad en la reconstrucción. En el caso de los puentes, esto podría traducirse en reducir el número de apoyos en el cauce, cimentaciones más profundas para reducir su vulnerabilidad a la erosión y revisar los coeficientes de empuje hidráulico en los cálculos estructurales.
El reto no solo consiste en corregir errores del pasado, sino también en prepararse para escenarios futuros más complejos. El cambio climático está alterando la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, lo que obliga a replantear tanto la planificación territorial como la normativa vigente. Lo que antes se consideraba un fenómeno extraordinario puede convertirse en una amenaza recurrente, por lo que es necesario aplicar criterios de diseño más exigentes y estrategias de mitigación más ambiciosas. No se trata únicamente de reforzar las infraestructuras, sino de adaptar las ciudades y las redes de transporte a una realidad en la que las precipitaciones intensas, las sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar serán cada vez más frecuentes. La planificación basada en registros históricos ya no es suficiente; la ingeniería debe integrar modelos predictivos y diseñar soluciones flexibles y adaptativas.
Sin embargo, en la reconstrucción tras una catástrofe suele predominar un enfoque táctico, con decisiones orientadas a mostrar una respuesta inmediata a la ciudadanía. La rapidez en la ejecución de ciertas obras genera la percepción de una gestión eficaz, pero este proceder puede ocultar la ausencia de una estrategia que optimice las actuaciones a largo plazo. Si bien es imprescindible contar con equipos de intervención inmediata para hacer frente a la emergencia, también es esencial disponer de un equipo de reflexión que establezca directrices fundamentadas y evite reconstrucciones apresuradas que perpetúen los mismos errores. Algo así como un «ministerio del pensamiento» que sea capaz de analizar las lecciones aprendidas y convertirlas en políticas y proyectos de reconstrucción con criterios sólidos de sostenibilidad y resiliencia.
Esta misma lógica se aplica a la planificación territorial y urbana. Rehabilitar zonas inundables sin considerar estrategias de mitigación perpetúa la exposición al riesgo. En este sentido, la ingeniería tiene el deber de plantear soluciones basadas en evidencia científica y en experiencias previas. La adaptación a eventos extremos no solo implica reforzar estructuras, sino también reconsiderar su localización y función. En muchos casos, las medidas no requieren inversiones desmesuradas, sino una gestión más eficiente del territorio. La creación de zonas de amortiguamiento, la mejora en la capacidad de drenaje y la regulación del uso del suelo son estrategias que pueden marcar la diferencia en futuras catástrofes.
Además, la sostenibilidad a largo plazo implica tener en cuenta a las personas en la ecuación que gobierna los impactos de las actuaciones. No basta con evaluar los efectos sobre las infraestructuras o el medio ambiente, sino que es necesario considerar cómo influyen estas decisiones en la calidad de vida de las personas que habitan los territorios afectados. La reconstrucción debe ir más allá de la restitución de bienes materiales y tener en cuenta también aspectos sociales, económicos y psicológicos. Por ejemplo, esto implicaría reubicar comunidades en zonas seguras, garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos y minimizar el impacto de las obras sobre la población más vulnerable. Si la ingeniería no tiene en cuenta estos factores, existe el riesgo de generar soluciones técnicamente eficientes, pero socialmente insostenibles.
Uno de los mayores obstáculos en estos procesos es la fragmentación de competencias. La reconstrucción implica a múltiples actores, desde administraciones locales hasta organismos estatales e internacionales. En muchas ocasiones, la superposición de responsabilidades y la falta de coordinación provocan retrasos y contradicciones en la toma de decisiones. Para evitar este problema, una alternativa viable sería la creación de un consorcio específico encargado de gestionar la reconstrucción, en el que las distintas administraciones deleguen temporalmente parte de sus competencias. Este modelo permitiría una planificación más coherente y una ejecución de proyectos con criterios unificados, lo que evitaría la dispersión de recursos y la toma de decisiones inconexas.
La reconstrucción no es solo un proceso técnico, sino también una oportunidad para transformar el entorno de manera más racional y sostenible. Es indispensable actuar con rapidez, pero no se debe hacer a costa de repetir errores del pasado. La ingeniería, como disciplina, no puede limitarse a solucionar problemas inmediatos, sino que debe anticiparse a los riesgos futuros y ofrecer respuestas fundamentadas en el conocimiento acumulado. Una reconstrucción bien planificada no solo restituye lo destruido, sino que contribuye a construir una sociedad más segura y preparada para afrontar los desafíos futuros.
Junto a la playa de San Lorenzo (Gijón). Fotografía de Víctor Yepes
Que estamos en crisis, creo que a estas alturas no hay quien lo dude. La forma en que vamos a salir, falta por verla. Aunque parece muy posible que nuestra mejor baza, el turismo, puede ser de mucha ayuda. Vaya por delante que lo que vamos a comentar a continuación sólo tiene sentido si se aplica a las playas ya antropizadas, protegiendo a ultranza todas aquellas que resulten naturales o espacios protegidos.
En España nadie duda de la trascendencia social y económica del turismo. Se ha convertido en una parcela económica de primer orden basada fundamentalmente en la explotación de la zona costera, y en particular de sus playas. Algunas cifras son realmente elocuentes (ver Yepes, 2002a,b): tres cuartas partes de los europeos que visitan España vienen motivados por el clima y las playas, el 90% de las plazas hoteleras no urbanas se encuentran en el borde litoral, algunas playas de uso masivo como las de Benidorm proporcionan ingresos anuales superiores a los 12.000 €/m2. Este municipio, cuyo litoral funcionalmente útil no supera los 5 km de largo, aporta casi dos terceras partes de las pernoctaciones hoteleras que realiza la clientela española en los establecimientos de la Comunidad Valenciana, proporción que en el caso de los extranjeros alcanza al 94%.
Por tanto, las playas no sólo constituyen espacios relevantes desde el punto de vista medioambiental y de protección costera, sino que suponen el soporte de la actividad económica de muchas familias en nuestro país. Continue reading “¿Son todas las playas útiles para el uso turístico?”→
¿Qué opciones tiene España para salir de la crisis? Probablemente una de las bazas más fuertes con las que se cuenta es el turismo, fundamentado en las ventajas climáticas y la buena comunicación con el resto de Europa. Sin embargo, algo habrá que hacer mejor para evitar que esta oportunidad se convierta en una amenaza por culpa de una mala gestión, especialmente en el ámbito de la ordenación del territorio. Veamos, pues, es este post, algunas reflexiones relacionadas con los destinos turísticos, la competitividad y la calidad.
La globalización de los mercados turísticos, las estructuras de costes en los destinos emergentes o el abaratamiento del transporte ha provocado el aumento de la competencia y las posibilidades de elección de destino. La estrategia competitiva basada tan sólo en el precio desencadena dinámicas difíciles de romper, en las cuales una minoración en los costes conlleva mayores volúmenes de negocio que resultan inconciliables con la progresiva rivalidad de los destinos turísticos, que a su vez, traen consigo consecuencias ambientales y sociales inadmisibles en el marco de un desarrollo sostenible. La pluralidad de comportamientos de los consumidores, cada vez más dirigidos hacia ofertas diferenciadas y de mayor calidad, configura un horizonte donde la provisión de productos y servicios excelentes será un elemento decisivo del éxito empresarial, y la clave de su competitividad.
Si bien éste es el contexto en el que se desarrollaba, entre otras, la actividad turística, es conveniente destacar aspectos diferenciadores en relación a otros ámbitos económicos. Se distinguen dos niveles de competencia, uno formado por los establecimientos de una misma zona turística, y otro compuesto por los numerosos destinos turísticos. Es innegable que la competencia dentro de una zona distribuye cuotas de mercado entre las empresas en concordancia con los bienes y servicios ofrecidos. No obstante, con la eventualidad de una oferta poco transparente o diferenciada, el turista puede acceder a establecimientos que, si son incapaces de cubrir sus expectativas respecto a la prestación del servicio, ocasionan insatisfacciones que trascienden al conjunto del destino. Consecuentemente, a una empresa turística le interesa que su competencia directa, a nivel local, proporcione servicios de calidad.
Ahora bien, aún así resulta insuficiente. El destino es más que la suma de sus empresas turísticas, en él participan los servicios prestados por los agentes públicos, la actitud de los residentes, los comercios, los equipamientos e infraestructuras, etcétera. La insatisfacción generada por parte de algún componente del sistema turístico, o incluso ajeno a él, provoca percepciones negativas que se vinculan a la totalidad. Aplicar la estrategia de la calidad no sólo impacta sobre el cliente, quien, obviamente, saldrá beneficiado a través de un mejor cumplimiento de sus expectativas. El destino en su conjunto y cada empresa en particular obtendrá la mejora de su competitividad y rentabilidad.
Además de reconocer y propiciar los atributos apetecibles para el destino turístico, dado que se proporcionan unos servicios que en definitiva son “bienes de experiencia” al exigir su consumo para evaluar después la satisfacción del usuario, debe fomentarse la transparencia y comunicación de las características de los productos ofrecidos para eludir el hecho de que una información escasa e inadecuada sobre una zona turística desencadene la desincentivación de la demanda que, desconfiada, esté dispuesta a pagar menos, desatando una espiral en el deterioro creciente de la calidad ofertada.
No obstante, resulta conveniente romper con ciertas creencias fuertemente arraigadas tales como que la provisión de productos y servicios de mayor calidad siempre trae consigo un mayor coste. Esta consideración tiene lugar cuando se confunde la calidad con las prestaciones del producto, que no es otro que la satisfacción de las expectativas, gustos y necesidades de los consumidores.
La calidad implica “hacer las cosas como espera el cliente” a la primera. La eficacia y la eficiencia en los procesos de la prestación de los servicios turísticos reduce los costes, al no existir la necesidad de reiniciar, repetir o enmendar procesos ya realizados. Por consiguiente, y considerando que los esfuerzos de la unidad de negocio deben satisfacer a los consumidores en el momento y circunstancia previstos; así como que dicho cumplimiento se refiere a lo que, en realidad, son distintos niveles de exigencia por parte de los clientes; es posible, partiendo de un conocimiento apropiado de la demanda, mejorar la calidad del producto o servicio sin que, necesariamente, dicha cualificación incida en la partida de costes.
Otra opinión extendida ampliamente es aquella que asumía una relación estable entre el precio y la calidad, de manera que una mejora de ésta acarrea forzosamente un incremento del precio. Al darse por supuesto esta premisa, una elevación de los precios derivada de una calidad superior no podía ser mal acogida por el cliente. Ahora bien, la realidad es otra, dado que, siendo el consumidor consciente del aumento de la competencia y de los efectos de ésta sobre los precios, quiere cada vez más calidad a un precio similar, o en ocasiones hasta inferior. Se puede hablar, incluso, de un “umbral mínimo de calidad” por debajo del cual determinados segmentos de la demanda rechazan ciertos productos y servicios, independientemente del precio al que se ofrezcan.